El Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental de Piura viene afrontando hasta cuatro juicios por pago de beneficios sociales. Trabajadores de las administraciones anteriores a la de Arias, están reclamando sus derechos laborales ante los diferentes juzgados de la Corte Superior de Justicia de nuestra ciudad.
Las demandas contra el CIP-CDP se inciaron el año próximo pasado y dos de los cuatro casos, han sido ya sentenciados por los distintos magistrados, encargados de velar por la justicia en la Región Piura. Faltan los restantes, cuyas resoluciones deben salir en los próximos días.
Las sentencias emitadas por los jueces, en primera instancia, han favorecido a los ex trabajadores del Colegio de Ingenieros del Perú-CD Piura y de ser ratificadas por el superior tribunal, la administración Arias tendrá que desembolsar más de 30 mil soles para cancelar a dos de ellos.
La abogada del CIP-Consejo Departamental de Piura, Clara Elena Ramírez Gonzáles de Morán, ha apelado ambas sentencias, pero en uno de sus recursos precisa "un excesivo apresuramiento (del juez) al dictar sentencia sin considerar que la celeridad no debe afectar la eficacia y veracidad que deben garantizar un debido proceso".
En otro parte de su apelación, la abogada Ramírez González de Morán se muestra sorprendida "por la sorpesiva rapidez del a-quo al amitir la sentencia sin rodearse de todos los elementos que le puedan ayudar a sentenciar conociendo la verdad, con una inusual celeridad de su parte al dar por concluidas las etapas del proceso y sentenciar...".
Estos mismos argumentos proclamó, en su informe oral del seis de agosto del 2009, la abogada de la patronal emplazada, pero en la replica, el doctor Rolando Castro Godos (arriba), abogado del trabajador, recordó a los magistrados de la Sala Laboral que la sentencia se produjó después de casi un año del inicio de la demanda y que el CIP-CD Piura fue declarado en rebeldía por no cumplir con las peticiones del juez de la causa.
En consecuencia, -sostuvo el abogado Castro Godos- el caso, como dicen muchos magistrados, era "papayita", pues no había, por ejemplo, tachas de por medio ni recurse alguno en contrario que dilate la dación de la sentencia.
La celeridad de la administración de justici
a siempre ha sido preocupación de quienes en un determinado periodo de tiempo han representado al Poder Judicial y actualmente el doctor Javier Villa Stein (izquierda), Presidente de la Corte Suprema de la República es uno de los más empeñados en "buscar mecanismos para evitar el uso de maniobras dilatorias en los procesos...".
Incluso los presidentes de las 29 Cortes Superiores de Justicia de la República, en comunicado público (abajo), felicitaron al señor Presidente del Poder Judicial en su campaña iniciada por la celeridad procesal que tanto reclama la ciudadanía.
Y de esta campaña, también hizo eco el Consejo Consultivo del Poder Judicial que publicamente, y a través de Luis Alberto Mera Casas, Secretario Ejecutivo, respaldó "plenamente las medidas adoptadas por el doctor Javier Villa Stein..." y recordó a los peruanos que es "facultad (del Consejo Consultivo del Poder Judicial) velar porque el servicio de administración de justicia sea célere...".
Las demandas contra el CIP-CDP se inciaron el año próximo pasado y dos de los cuatro casos, han sido ya sentenciados por los distintos magistrados, encargados de velar por la justicia en la Región Piura. Faltan los restantes, cuyas resoluciones deben salir en los próximos días.
Las sentencias emitadas por los jueces, en primera instancia, han favorecido a los ex trabajadores del Colegio de Ingenieros del Perú-CD Piura y de ser ratificadas por el superior tribunal, la administración Arias tendrá que desembolsar más de 30 mil soles para cancelar a dos de ellos.
La abogada del CIP-Consejo Departamental de Piura, Clara Elena Ramírez Gonzáles de Morán, ha apelado ambas sentencias, pero en uno de sus recursos precisa "un excesivo apresuramiento (del juez) al dictar sentencia sin considerar que la celeridad no debe afectar la eficacia y veracidad que deben garantizar un debido proceso".
En otro parte de su apelación, la abogada Ramírez González de Morán se muestra sorprendida "por la sorpesiva rapidez del a-quo al amitir la sentencia sin rodearse de todos los elementos que le puedan ayudar a sentenciar conociendo la verdad, con una inusual celeridad de su parte al dar por concluidas las etapas del proceso y sentenciar...".
Estos mismos argumentos proclamó, en su informe oral del seis de agosto del 2009, la abogada de la patronal emplazada, pero en la replica, el doctor Rolando Castro Godos (arriba), abogado del trabajador, recordó a los magistrados de la Sala Laboral que la sentencia se produjó después de casi un año del inicio de la demanda y que el CIP-CD Piura fue declarado en rebeldía por no cumplir con las peticiones del juez de la causa.
En consecuencia, -sostuvo el abogado Castro Godos- el caso, como dicen muchos magistrados, era "papayita", pues no había, por ejemplo, tachas de por medio ni recurse alguno en contrario que dilate la dación de la sentencia.
La celeridad de la administración de justici
a siempre ha sido preocupación de quienes en un determinado periodo de tiempo han representado al Poder Judicial y actualmente el doctor Javier Villa Stein (izquierda), Presidente de la Corte Suprema de la República es uno de los más empeñados en "buscar mecanismos para evitar el uso de maniobras dilatorias en los procesos...".Incluso los presidentes de las 29 Cortes Superiores de Justicia de la República, en comunicado público (abajo), felicitaron al señor Presidente del Poder Judicial en su campaña iniciada por la celeridad procesal que tanto reclama la ciudadanía.
Y de esta campaña, también hizo eco el Consejo Consultivo del Poder Judicial que publicamente, y a través de Luis Alberto Mera Casas, Secretario Ejecutivo, respaldó "plenamente las medidas adoptadas por el doctor Javier Villa Stein..." y recordó a los peruanos que es "facultad (del Consejo Consultivo del Poder Judicial) velar porque el servicio de administración de justicia sea célere...".
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